Colombia tiene un atraso de más de una década en la ejecución de los protocolos sanitarios en el sector cárnico. Mientras los casos de intoxicación alimentaria se reproducen de forma tan constante como sigilosa, la falta de eficacia en los controles de las entidades estatales deja un panorama inquietante para la salud de los consumidores.

Por La Liga Contra el Silencio

La trompa de los camiones blancos de la empresa procesadora Pollo Andino, una de las más reconocidas del país, se asoma nada más llegar a la esquina de la carrera 37, muy cerca de San Andresito en Bogotá. Más adelante se ven, al fondo, las torres de canastillas donde se transportan los trozos de pollo y unos pocos operarios vestidos con gorros y tapabocas que se mueven entre la calle y las instalaciones. Parece una escena corriente, de un día cualquiera. Para el veterinario epidemiólogo que acompañó a La Liga Contra el Silencio esa mañana de agosto, sin embargo, se trata de un compendio detallado de infracciones que reflejan el descontrol sanitario que campea en el sector cárnico colombiano.

Un carnicero descarga su pieza desde el camión de reparto para llevarlo a su carnicería en Jardín, Antioquia. Foto: David Estrada.

Uno de cada diez habitantes del planeta padece cada año una enfermedad transmitida por alimentos (ETA). En Colombia agentes patógenos provenientes de la carne de pollo, de res, de cerdo, o derivados cárnicos, fueron responsables el año pasado de la mayoría de las intoxicaciones alimentarias, con un 18,5 % de los casos reportados por el Instituto Nacional de Salud. Se vieron afectadas 14 mil personas, un 43,3 % más que en 2017.

La resolución 242 de 2013 deja claro que las plantas donde se sacrifican pollos, casi todas en manos de privados, deben tener un “cerco perimetral”, es decir, una barrera física alrededor de las instalaciones que impida el ingreso de animales o personas y que demarque el área de protección sanitaria. “Ese es un espacio que garantiza que no surjan focos de contaminación externos que perjudiquen el producto”, explica el veterinario con la mirada atenta sobre su objeto de estudio. Además, ese es el lugar donde los operarios de la planta deben circular, y no en la calle, para que su dotación no termine contaminada por factores ambientales, como el humo de los vehículos o los escombros en la vía.

Despiece de animales en una carnicería de El Retiro, Antioquia. Foto: David Estrada

Sobre el mediodía La Liga también se dirigió a la cercana planta de Savicol, a escasas cuadras de la Secretaría de Salud. Se trata de otra empresa procesadora de pollo que emplea directamente a unas 840 personas y cuyos productos se encuentran en supermercados del grupo Éxito, como Carulla. Pero el panorama en Savicol es más precario. Se trata de un inmueble alargado, viejo, rodeado de los desperdicios de alguna fábrica metalúrgica, y donde esa mañana, a través de las ventanas abiertas, se podía ver a los operarios manipulando trozos de pollo a pocos pasos de la calle. Uno de ellos, desprovisto inclusive de tapabocas, cerró de un portazo una de las ventanas cuando se percató de la presencia del equipo de La Liga. 

El veterinario señala que por norma el lugar de “embarco y desembarco del pollo” no debe estar expuesto a la calle, como sucede en las dos plantas. Para conservar la cadena de frío se debe diseñar un lugar especial para esta operación. “De otra forma los alimentos quedan a merced de la suciedad de la calle, al polvo de una zona industrial como esta, o a los insectos y roedores”. 

Y remata: “Surge una pregunta: ¿dónde está el Invima? Si estas son empresas privadas, en la capital del país, en el centro del poder, imagínese la situación en otras partes más apartadas”. Desde hace unos años Pollo Andino, empresa que distribuye sus productos a nivel nacional, y Savicol mantienen una alianza que controla la empresa Avícola del Magdalena (AVIMA).

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó el pasado octubre un informe donde describe un paisaje sombrío para la seguridad alimentaria en el sector cárnico de todo el  país (bovinos, porcinos y aves). Según el documento, solo 62 plantas de beneficio en el país cuentan con  la autorización sanitaria definitiva para operar. Las 393 restantes se hallan en un periodo de acondicionamiento gradual bautizado como Autorización Sanitaria Provisional (ASP). 

El objetivo es, desde hace unos 14 años, modernizar el sector bajo un plan que abarca los controles y cuidados en el campo, pasando por el sacrificio y procesamiento, hasta el expendio. Un proceso que tiene como brújula el decreto 1500 de 2007, y que a día de hoy ha avanzado tan solo en un 20 %, según documentos del Invima. 

El Ministerio de Salud y Protección Social ha otorgado ya ocho prórrogas a las plantas de beneficio, también conocidas como mataderos o frigoríficos, para ponerse al día. La última fue oficializada a mediados de octubre. Un respiro parcial para las casi 500 plantas de beneficio animal del país, tanto públicas como privadas. Pero las más de 15 fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que el horizonte es incierto. El atraso es muy grande, los costos muy elevados y la rentabilidad no es segura.

Un empleado de Pollos Andino trabajando en la madrugada, cuando se realizan las actividades de descargue de pollos vivos, en la Zona Industrial de Bogotá.. Foto: Liga Contra el Silencio

Establecer una asociación precisa entre enfermedades y alimentos es un asunto delicado. No obstante, tanto el Instituto Nacional de Salud como el Invima cuentan con laboratorios para realizar análisis microbiológicos que permiten identificar la existencia de bacterias como la salmonella o la listeria. No así su procedencia. Para esa tarea algunas muestras son enviadas a laboratorios en el exterior.

Los resultados, sin embargo, suelen ser desconocidos. Los errores en la cadena alimentaria, de cara a un aprendizaje o una socialización, quedan reservados para unos pocos expertos, por lo tanto se suele deducir que el origen de las intoxicaciones es, en la gran mayoría de casos, un expendio o matadero ilegal. En países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea la carne viene rotulada, indicando de forma clara su origen. De esta forma las autoridades pueden rastrear el origen exacto del patógeno involucrado en la enfermedad. Ese no es el caso colombiano. El médico veterinario Jaime Zapata considera que en Colombia los métodos de recolección y desagregación de datos aún son modestos. 

Las entidades encargadas del control en sus distintas etapas, como el Invima, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o las secretarías de Salud, no tienen un sistema de información articulado. Se registran e identifican, según el experto, los brotes más estandarizados, como por ejemplo los relacionados con carne aviar, u otros de “notificación obligatoria”, pero no hay una “captura de información óptima” para casos individuales, complejos, a los que se suele encasillar de forma genérica como “virosis”. 

Desde la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI) explicaron por correo electrónico a La Liga que la avicultura ha sido el sector que más ha avanzado en el cumplimiento del decreto 1500. Resaltan que más del 90 % de la producción de pollo se lleva a cabo en plantas inscritas ante el Invima. Sin embargo, detrás de un alto número de los brotes que saltan a la prensa se halla vinculada la mala manipulación de pollo, una proteína más barata que el cerdo y la carne de res, y que hoy constituye el ave más abundante sobre el planeta.

Haga click en cada ícono de pollo para ver detalles de las intoxicaciones en los últimos dos años:
Fuente de los datos: Revisión de prensa nacional 2018-2019.

Un ejemplo reciente: en el Colegio San Isidro, del pequeño municipio de Concordia (Magdalena), 230 estudiantes de entre 11 y 14 años fueron hospitalizados tras consumir un almuerzo compuesto por pasta y pollo. Fue un viernes de mediados de septiembre. La encargada de Salud del municipio recuerda -en entrevista telefónica- que el pueblo llevaba por entonces tres días con cortes intermitentes de luz. El hospital no daba abasto. Los videos de jóvenes retorciéndose del dolor de estómago, mientras algunos adultos sostenían en lo alto bolsas de suero, no tardaron en saltar a las redes sociales. 

Detrás de esto se encuentra un contrato por 122,1 millones de pesos por suministro de alimentación escolar entre la Corporación para el Desarrollo del Caribe Colombiano (Codesco) y la Alcaldía del municipio de Concordia. A la espera de los análisis de laboratorio, a cargo del Instituto Nacional de Salud en Bogotá, los padres de familia han decidido cortar de tajo con la alimentación escolar de sus hijos. 

Los agentes mostraron su extrañeza al ver que las plantas de beneficio de bovinos y porcinos de la capital eran manejadas por los hospitales de Fontibón y el Hospital del Sur, respectivamente. Su inquietud giraba en torno a por qué no existía una autoridad sanitaria única en Colombia y querían saber si había un organismo equivalente a la FDA.

El decreto 1500: ¿un calco estadounidense?

Un exfuncionario de la Secretaría de Salud de Bogotá, cuyo nombre pidió mantener en reserva, cuenta que en 2002 el recién elegido presidente Álvaro Uribe -hoy senador del Centro Democrático- se mostró muy interesado ante la posibilidad de exportar carne bovina colombiana a los Estados Unidos de cara al futuro Tratado de Libre Comercio. Así fue como el gobierno hizo gestiones varias para validar las plantas de beneficio colombianas y obtener una suerte de homologación fitosanitaria con las estadounidenses.

Funcionarios técnicos del USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,  y de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, según sus siglas en inglés, aterrizaron varias veces durante el primer mandato de Uribe en el aeropuerto de CATAM. 

Durante una de las primeras visitas, cuando los estadounidenses empezaron a revisar los documentos, se sorprendieron al ver que la norma vigente tenía más de 20 años de antigüedad (el decreto 2278 de 1982). En la secuencia que relata el funcionario, los técnicos también pidieron visitar las plantas de beneficio privadas de Guadalupe y  San Martín, en Bogotá.

Pero nunca llegaron a tanto. Los agentes mostraron su extrañeza al ver que las plantas de beneficio de bovinos y porcinos de la capital eran manejadas por los hospitales de Fontibón y el Hospital del Sur, respectivamente. Su inquietud giraba en torno a por qué no existía una autoridad sanitaria única en Colombia y querían saber si había un organismo equivalente a la FDA. Los responsables de la Secretaría de Salud explicaron que existía el Invima, pero para ese entonces la entidad aún no ejercía labores de vigilancia, inspección y control sobre las plantas de beneficio animal. 

Los técnicos estadounidenses regresaron el mismo día a su país con el mensaje claro de que en Colombia no había normas claras de control de calidad, por lo tanto no había posibilidad de exportar carne colombiana a Estados Unidos. No quedó ni siquiera acta de la visita. Según el exfuncionario, el resultado de la gestión fastidió al presidente Uribe, reconocido hacendado con estrechos vínculos ganaderos. 

En ese momento se empezó a trabajar en el diseño del decreto 1500, que para el exfuncionario distrital es “un vil calco de la norma americana. No se tuvo en cuenta, por ejemplo, las especificidades culturales del consumo de carne en Colombia. En buena medida es un documento pensado para lograr el objetivo de exportar a los Estados Unidos”.

Desde entonces ha habido visitas periódicas de autoridades estadounidenses para sondear los avances. Colombia exporta actualmente carne bovina a 15 mercados internacionales. Entre ellos Egipto, Vietnam, Bielorrusia, Cuba o Jordania.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos entró en vigencia en mayo de 2012. No obstante, hoy en día la carne colombiana no ha logrado entrar en el mercado del país más poderoso del mundo. Entre otras razones están la incertidumbre jurídica y los brotes de fiebre aftosa de los últimos años. 

Resulta paradójico, pero el factor económico -la urgencia de buscar rentabilidad a toda costa- ha dado pie para que se posponga el proyecto de concretar un modelo sanitario eficaz y fiable tanto para el consumo interno como para la exportación, concluye el exfuncionario distrital. 

Cifras conservadoras de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) indican que en Colombia entre un 15 % y un 20 % de la carne bovina que se consume proviene de mataderos ilegales (otras fuentes hablan del 40 %).

El mercado no perdona

Los gremios y demás actores privados le achacan tanto al Estado como a los mataderos ilegales o clandestinos, el problema de inocuidad alimentaria y también de parte de sus pérdidas económicas. De hecho, el Consejo de Estado falló en junio de 2019, en sentencia de segunda instancia, a favor de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, que instauró una acción popular contra el Invima y la Policía Nacional por “la inoperancia y falta de acción de las autoridades nacionales frente al tema de la ilegalidad”.

El asunto, sin embargo, tiene sus matices. Al revisar los casos de intoxicación masiva en los medios nacionales se comprueba fácilmente que la mayoría se desarrollan en colegios oficiales o cárceles. Alejandro Guarín, investigador del International Institute for Enviroment and Development de Londres, señala que un gran número de “esos proveedores tienen que ser formales. No creo que se trate de negocios ilegales, ni de tienditas de barrio proveyéndole pollo a colegios estatales y cárceles”. 

Y agrega que se debe ser “cauteloso” a la hora de culpabilizar únicamente a un grupo tan heterogéneo como lo son los “ilegales”. Un universo donde el afán por eludir impuestos se mezcla con la precariedad, el rebusque, el contrabando o el lavado de dinero. Guarín alerta que, por el contrario, la evidencia disponible muestra que el “problema viene casi siempre de procesadoras industriales” y que los que están fallando son “ciertos actores privados y las regulaciones e inspecciones oficiales”. 

Cifras conservadoras de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) indican que en Colombia entre un 15 % y un 20 % de la carne bovina que se consume proviene de mataderos ilegales (otras fuentes hablan del 40 %). Ignacio Amador, director de la Asociación Colombiana de Empresas Cárnicas, opina que en términos generales la calidad de la carne es buena. Lo sustenta explicando que entre un 65 y un 70 % del sacrificio de reses está en manos de unas 40 plantas “muy bien organizadas y vigiladas por el Invima”. 

“Eso se traduce en que el volumen de sacrificio formal es amplio y da garantías de que en las grandes ciudades la calidad de la carne es buena”, concluye el representante gremial. También admite que el problema viene para los pequeños municipios, como Concordia (Magdalena), donde las garantías de inspección, vigilancia y control por parte del Invima no son de ninguna forma las recomendables. “Allá sí es posible que lleguen animalitos enfermos, o posiblemente con alguna otra patología que no los haga aptos para el consumo humano”, explica. A ello se suma la carencia de médicos veterinarios y de personal calificado en las regiones.

A todas luces un 20 % de sacrificio ilegal resulta una cifra preocupante para más de uno e inclusive hay quien relativiza la tesis de que la carne que se consume en el país urbano es, en general, de buena calidad. Por ejemplo, el médico veterinario Jaime Zapata, que trabajó en Fedegán durante cuatro años, cuenta que entre la carne que se distribuye en los supermercados de grandes ciudades se puede colar uno que otro corte proveniente de mataderos ilegales de provincia. También menciona casos de carne de contrabando venezolana. 

Sostiene que el negocio en Colombia es un tanto sui géneris porque en la cadena de comercialización se dan las condiciones para que se “mezcle lo bueno con lo malo”. Por su parte, el epidemiólogo José Gonzalo Sánchez, que trabajó ocho años en el Invima, coincide y completa el retrato: “muchas de las carnes que llegan a Bogotá, por ejemplo, vienen de municipios de Cundinamarca o de Boyacá”. 

Cuenta que en Boyacá solo hay una planta de desposte de bovino y de porcino autorizada, es decir, donde se separa la carne del hueso del animal, y que esa planta estuvo cerrada hasta septiembre. Tampoco hay plantas de acondicionamiento de carnes amparadas por el decreto 1500, en este caso se refiere al espacio donde se fracciona la carne en los distintos cortes (algunas instalaciones reúnen todas esas facilidades en un mismo sitio). En Boyacá hay a “duras penas”, explica, “una planta de sacrificio de porcinos legal”.

Alrededor de los establecimientos sin certificación pululan comerciantes que se dedican a comprar los cortes más finos como el lomo pequeño, el lomo ancho o churrasco, la bola de pierna, entre otros. Se trata de cortes que tienen como destino Bogotá, ya empacados al vacío a veces, donde se suelen distribuir en restaurantes, comedores escolares o a través de plantas privadas de desposte de almacenes de gran superficie.

Para el investigador Alejandro Guarín, si se aborda la problemática económica se debe siempre subrayar uno de los pilares de la seguridad alimentaria: la accesibilidad de la población a una proteína seminal en la dieta, como lo es la carne.

Guarín, que ha estudiado de cerca mercados informales en diversos países del África subsahariana, sostiene que “mientras la sociedad colombiana sea una sociedad con altos niveles de pobreza, habrá gente dispuesta a pagar por carne barata; y, a su vez, habrá personas dispuestas a suplir esa demanda por fuera de los canales oficiales”.  

Jaime Zapata coincide y asegura que el decreto 1500 de 2007 tiene una “visión muy fuerte” en cuanto a un “sistema de aseguramiento de inocuidad”. Lo que sucede, afirma, es que el país no tiene la infraestructura para garantizarla. El resultado a su modo de ver es la convivencia de dos realidades paralelas. Un país urbano, con su institucionalidad pujando por la formalización, por un lado; y por el otro, la realidad del día a día de una cadena de comercialización muy desigual, condicionada por los rasgos de un mundo rural aún atado al conflicto por la tierra y a altas tasas de pobreza. Un mundo donde a menudo ser ilegal resulta más rentable.

Carlos Julio Barrera es un curtido comerciante boyacense que ha invertido sumas importantes de dinero para acondicionar su planta de beneficio de porcinos y de bovinos en Sogamoso (actualmente cobijada bajo Autorización Sanitaria Provisional). Deja claro que su trabajo no se reduce a un simple negocio, “es un quirófano”, afirma. Se queja de que en “épocas electorales los políticos de región le prometen una planta de beneficio pública a cada municipio”. Se queja también de que en Colombia nadie ha entendido que el decreto 1500 primero y antes que todo es una medida de prevención en salud, no una norma para que las grandes empresas exporten carne ni fortalezcan sus arcas”. Y apostilla: “pero de eso no se enteran los funcionarios del Invima, ni los legisladores, ni los representantes del Ministerio. ¡Ellos solo están preocupados en mejorar unos indicadores, no en garantizar la salud de la gente!”.

* La Liga Contra el Silencio no obtuvo respuestas para entrevistas ni del servicio de Comunicaciones, ni del subdirector de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA, Carlos Robles. Tampoco recibió respuesta del gerente de estrategia de Pollo Andino S.A, Rigoberto Ovalle, ni de los responsables de la empresa de pollo Savicol.

 

***

Esta historia forma parte de ‘Los dueños de la comida’, una serie periodística internacional que analiza el poder detrás de la industria de alimentos en América Latina y que es impulsada por OjoPúblico [Perú], Agencia de Noticias FIDES [Bolivia], Laboratorio de Periodismo y Opinión [México] y La Liga Contra el Silencio [Colombia].

         https://soycultura.mincultura.gov.co/

¿Cuál es el objetivo del registro de agentes culturales SOYCULTURA?

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, “El Estado tiene el deber

de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en

igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del

proceso de creación de la identidad nacional”.

Este deber se desarrolla y complementa en la Ley 397 de 1997 – Ley General

de Cultura, la cual estipula que es deber del Estado impulsar y estimular los

procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento

y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana, y

formular su política cultural a nivel local, regional y nacional, teniendo en

cuenta a artistas, creadores y gestores culturales.

Para cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes, es necesario

contar con una herramienta que le permita al Ministerio de Cultura, la

identificación y caracterización idónea de los agentes culturales.

El Ministerio de Cultura ha desarrollado la plataforma SOYCULTURA - Registro

de Agentes Culturales, con el objetivo de sistematizar la información de los

agentes del sector. De esta manera, el Ministerio podrá contar con insumos

adicionales para la formulación e implementación de las políticas públicas

culturales del país.

¿Cuáles son los beneficios para el sector cultural?

Con SOYCULTURA - Registro de Agentes Culturales se crea una herramienta

que permitirá fortalecer la conexión entre MinCultura y el sector, con el

propósito de brindar una mejor atención, apoyo y servicio.

Gracias a SOYCULTURA será posible:

 1.La inscripción de los agentes culturales del país, como artistas,

 creadores, gestores, emprendedores culturales, entre otros.

 2.Responder a una necesidad histórica y manifiesta por el sector, con la

 creación de una base sistematizada, detallada, sectorizada y

 territorializada.

3. Identificar nuevas particularidades en el desarrollo y quehacer del

 sector.

4.Contar con nuevos insumos para formular políticas públicas con

 enfoque diferencial, territorial y sectorial.

5. Realizar seguimiento a procesos y proyectos.

6. Mejorar la circulación y acceso a la oferta de bienes y servicios del

 Ministerio de Cultura, dado que los agentes registrados recibirán

 información sobre convocatorias, boletines de información, trámites,

 servicios, entre otros.

7. Se podrán realizar cruces de validación con bases de datos de otras

 entidades del orden nacional y territorial, permitiendo consolidar la

 información de manera confiable.

8. El Registro de Agentes Culturales estará articulado y será articulador de

 los sistemas de información desarrollados en el Ministerio.

¿Quiénes se pueden registrar en SOYCULTURA?

Inicialmente, la plataforma estará habilitada para personas naturales.

Cualquier ciudadano colombiano que sea un agente cultural (artista, creador,

gestor, portador, emprendedor, entre otros), podrá registrarse sin ningún tipo

de restricción o costo, ingresando la información básica y obligatoria del

registro.

¿Quién es un agente cultural?

Para efectos de este Registro se entiende por Agentes Culturales, aquellas

personas que desarrollan oficios, labores, actividades o profesiones

relacionadas con las artes, el patrimonio, la creatividad y la cultura en general.

¿En qué lenguas está traducido el formulario de registro?

El formulario de registro se encuentra en español y 8 lenguas nativas, así

como en Krioul y Rromanés. 

Lenguas nativas:

Cubeo

Ikun

Uitoto N+Pode

Bora

Kamëntsa

Nasa yuwe

Tikuna

Inga

¿Cómo se ingresa al sistema de registro y se verifica su realización?

 .El ingreso al formulario de registro se realiza a través de

 https://soycultura.mincultura.gov.co

. Para realizar el registro es necesario tener acceso a una cuenta de

 correo para la creación del usuario y contraseña.

. El sistema de registró realizará una verificación automática sobre la

 validez de la cuenta de correo del usuario y habilitará el registro.

. Una vez registrada la información, el agente cultural recibirá en el

 buzón de correo electrónico que ingresó al momento del registro la

 confirmación del proceso.

 .Igualmente, el agente cultural registrado recibirá información cuando

 se realicen modificaciones sobre el mismo.

¿Qué información debe suministrar el agente cultural al registrarse?

Para el registro se deben contestar siete preguntas obligatorias relacionadas

con la identificación y datos de ubicación.

Asimismo, se recomienda a los agentes culturales contestar completamente

el formulario de registro, con el fin de apoyar y participar en las

caracterizaciones el sector.

El formulario de registro está compuesto por siete secciones con información

básica del agente cultural. 

Datos personales: información de identificación y características

poblacionales

Datos de ubicación: municipio, dirección, correo

Información socioeconómica: régimen de salud, afiliación a pensión, rango

de ingresos.

Ocupación en el sector cultural: área, ocupación.

Actividad: por ejemplo, vigía del patrimonio, portador de manifestación.

Formación: formación, tipo de formación.

Experiencia: experiencia específica, tiempo de experiencia.

¿Se puede realizar el registro desde un dispositivo móvil?

El ingreso al registro se puede realizar desde computadores y dispositivos

móviles en español y 10 lenguas, para asegurar un mayor acceso a la

plataforma.

¿Quién puede consultar la información de mi registro?

La información registrada reposará en la base de datos creada para tal fin en

el Ministerio de Cultura y el acceso a la información lo tendrán únicamente el

usuario registrado y los diferentes procesos internos del Ministerio para la

optimización de los trámites y servicios ofertados a los ciudadanos.

En todo caso, la información obtenida no estará disponible al público y

únicamente será utilizada para cumplir con los fines del Ministerio de Cultura.

Los datos registrados en la plataforma a cargo del MinCultura serán tratados

en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y a la política de

protección de datos y seguridad de la información del Ministerio.

¿Cómo puedo actualizar la información del registro?

El usuario registrado podrá actualizar la información consignada en la

plataforma en cualquier momento. De igual manera, podrá cancelar dicho

registro a través de los canales de atención ciudadano del MinCultura.

   

A finales de 2018, Felipe* estaba en su casa de Ibagué fumándose un bareto. Minutos después de haber abierto la ventana, tenía en frente a unos agentes que le incautaron la marihuana y le pusieron un comparendo que enmendó posteriormente tomando unas clases. Un vecino había dado la alerta. Los agentes alegaron estar amparados por un decreto presidencial. El humo, le dijeron, trascendió al espacio público. 

Unos meses atrás, en octubre de 2018, Iván Duque había firmado el decreto 1844 en nombre de los niños, los jóvenes y la “convivencia en el espacio público”. La norma le dio fuerza a la Policía para perseguir la dosis personal. “No se trata de llevar a la cárcel al consumidor, se trata de quitarle la dosis y destruirla”, dijo el presidente en la rueda de prensa que acompañó la firma del documento. 

Felipe no supo muy bien qué hacer. Es entendible. Su caso ilustra el profundo estado de confusión de los consumidores de marihuana en Colombia que, según los cálculos del Departamento Nacional de Planeación, superan el millón de personas. ¿No podía fumarse lo que quisiera estando en su casa? ¿El hecho de que el humo saliera por su ventana realmente afectó la convivencia? ¿No tenía Felipe derecho a una dosis personal, gracias a la famosa sentencia C-221, escrita por Carlos Gaviria en 1994?

En la práctica, parece que no. 

El enredo normativo que existe en Colombia al respecto es del siguiente calibre: hay una línea de sentencias de la Corte Constitucional que, resumidas, dicen que la dosis personal, su porte y consumo, están permitidos. Incluso en el espacio público general, por cuenta del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero a la par, hay una serie de disposiciones, contenidas en normas de diverso tipo, incluyendo la Constitución Política, que fue modificada por el gobierno de Álvaro Uribe en 2009, que dicen que no, que el porte y consumo de sustancias psicoactivas están prohibidos (aunque la dosis personal no dé cárcel).

La normativa errática con la que conviven los usuarios de drogas en Colombia afecta a cientos de miles de colombianos, porque obliga a muchos de ellos a comprarles marihuana a las mafias sin ningún tipo de control sobre la sustancia que consumen. También le impide a la sociedad estudiar y comprender mejor sus efectos en la salud. Y finalmente, genera una enorme y peligrosa confusión entre las autoridades, abriendo espacio para el abuso de poder y la corrupción, como lo han advertido numerosos expertos en la materia. Una de ellas, Inés Elvira Mejía, lo ilustró así en el portal Pacifista: “depende del policía que a ti te agarre lo que suceda a continuación. El escenario se vuelve de hostigamiento, de persecución y de castigo. Limitan además el derecho a vivir en la ciudad”.

El siguiente diálogo evidencia esta confusión. Es la reproducción de una llamada a la línea de atención al ciudadano de la Policía Nacional:

—Quisiera saber qué le puede pasar a una persona a la que cogen fumando marihuana en la esquina de una calle cualquiera.

—Pues, esas actuaciones están en el Código de Convivencia de la Policía Nacional.

—¿Y qué le pueden hacer a esa persona?

—Dependiendo de la cantidad que tenga, se puede hacer una incautación de la sustancia.

—Hace poco sacaron una sentencia en la Corte Constitucional que dice que el consumo está permitido en el espacio público.

—Sí, sacaron una sentencia. Pero, por eso, depende de la cantidad de droga que tenga.

—¿Cómo funciona eso?

—Si está con la dosis de consumo, la mínima, no podemos quitársela.

—¿Y qué pasa con el decreto 1844 de 2018? ¿Ese no permite que la dosis mínima sea incautada y destruida?

—Es que depende del caso. Yo le recomiendo que mire los artículos del Código de Convivencia de la Policía Nacional. Ahí están las respuestas.

—¿Qué artículos sirven para salir de la duda?

—Tocaría mirar por Internet. Ahora no los recuerdo. 

Uno no sale de la duda. Las normas que el agente recomendó mirar por Internet, por ejemplo, las del Código de Policía, deben estar en los siguientes artículos: 140, 33, 34 y 38. El primero de ellos prohíbe a los adultos incitar a menores de edad a que consuman bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o sustancias prohibidas. El resto, prohíbe el uso de esas sustancias, primero, en instituciones educativas, y segundo, en el espacio público general: coliseos, centros deportivos, parques y calles. Seguramente, cualquier lector recuerda, como le dijimos al agente, que hace tres meses la Corte Constitucional volvió a permitir el consumo de sustancias psicoactivas y de bebidas alcohólicas en el espacio público general. 

¿Entonces? Pues que la cosa va de un lado para otro, en un vaivén inentendible. 

“El escenario no es solamente confuso para los usuarios, sino también para los entes de control”, dice el abogado Sebastián Lanz, de Temblores ONG, una organización que defiende los derechos humanos de poblaciones marginalizadas. Es decir: el marasmo normativo, que a veces suscita acalorados debates en el escenario público, comporta en la práctica un sinsentido de actuaciones que, en la mayoría de los casos, terminan afectando a los consumidores. 

La última actualización del Observatorio de Drogas de Colombia (OCD), dice que 762.000 personas consumieron marihuana alguna vez durante 2013, y las proyecciones del  Departamento Nacional de Planeación dicen que la cifra 

hoy superaría el millón.

En muchos casos no es claro cuándo el control policial pasa a ser abuso. Una fuente anónima le contó a Mutante su encuentro más reciente con la Policía en el barrio Chapinero de Bogotá. En el trayecto de su casa a un bar, unos agentes le pidieron una requisa, dentro de la cual le exigieron meterle las manos a los bolsillos. Cuando él se negó, por miedo de que lo “cargaran” con una sustancia, y por considerar esa conducta como una irrupción a su intimidad, pidió ser trasladado a una estación de Policía y que la requisa fuera tramitada con testigos. El agente lo golpeó en el brazo, lo esposó, y se lo llevó a la estación con la excusa de que tenía marihuana. No era cierto. 

La historia de esta persona ilustra el gran problema que afecta a los consumidores de marihuana que terminan enfrentados a la policía, buscando hacer valer los derechos que les garantizó la sentencia del 94. El problema, según Alejandro Lanz, es que “en ese enfrentamiento siempre va a ganar la Policía”. 

De esta nebulosa realidad quieren salirse algunos. El pasado 23 de julio, un grupo de congresistas autodenominado la “alianza interparlamentaria”, conformado por senadores de varios partidos, entre ellos Gustavo Bolívar, de Decentes; Iván Cepeda, del Polo Democrático o Temístocles Ortega, de Cambio Radical, radicó un paquete de proyectos de ley que busca, desde la Constitución Política para abajo, cambiar el esquema histórico con el que el Estado ha entendido el mundo de las drogas y, de paso, solucionar la inseguridad que hay sobre lo que puede o no hacerse con ellas. 

El proyecto busca modificar el mismo artículo que en 2009 mandó cambiar el presidente Uribe. En su momento, el Congreso añadió la prohibición del porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas al artículo 49 de la Constitución —que trata sobre el derecho a la salud—. Ahora, esta coalición de oposición busca modificar de nuevo el mismo artículo cambiando la palabra “prohibir” por la palabra “reglamentar”. 

Y ahí hay todo un mundo de distancia. 

Desde un punto de vista de salud pública y reducción del daño, el concepto de “reglamentación” conlleva que los consumidores no sean estigmatizados o perseguidos, y garantiza derechos en dos frentes: desde el jurídico, por la consumación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y desde el sanitario, porque implica una mayor dedicación por parte del Estado a indagar por las repercusiones que el consumo tiene para la salud. 

“El consumo (en la ilegalidad) es más riesgoso para las personas y por lo tanto hay más impacto en la salud física, pero también psicológica, por la carga de estigma social que llevan los consumidores”, aseguró Hannah Hetzer,  gestora de políticas internacionales de Drug Policy Alliance, durante su visita a Colombia en 2018.  

La última actualización del Observatorio de Drogas de Colombia (OCD), dice que 762.000 personas consumieron marihuana alguna vez durante 2013, y las proyecciones del  Departamento Nacional de Planeación dicen que la cifra hoy superaría el millón. Según la Encuesta Mundial de Drogas de 2019 (Global Drug Survey), 85% de los usuarios en este país desean que industrias y gobiernos den más información sobre riesgos, daños y consecuencias negativas del consumo.

El Estado, entretanto, hace lo contrario. 

La fuerza del Estado

El 18 de agosto de 2011 unos agentes de la Policía Nacional en Bogotá, que estaban realizando una operación de verificación de antecedentes, le solicitaron la cédula a una mujer que caminaba en la calle. “Muy nerviosa, les entregó voluntariamente cuatro bolsas transparentes que contenían 80,6 gramos de marihuana”, relata el libro “Sobredosis carcelaria y política de drogas en América Latina”, escrito por Sergio Chaparro y Catalina Pérez, del centro de estudios Dejusticia, publicado en 2017.  

La mujer fue detenida y entregada a la Fiscalía. “En la audiencia de imputación Zury no aceptó cargos. Pese a que en el juicio alegó que se trataba de un porte para consumo personal, la jueza 1° penal del circuito de Paloquemao con función de conocimiento consideró que no era así, pues a ella ‘le correspondía presentar las pruebas del caso para esa demostración, cosa que no hizo’”. Fue condenada a 64 meses de prisión y a una multa de dos salarios mínimos. Más: como el castigo era superior a cinco años, no tuvo acceso a ventajas, como la prisión domiciliaria. 

Chaparro y Pérez trazan un paralelo con la historia de Santiago Gallón, un hombre procesado por apoyar financieramente a un grupo de 300 paramilitares comandados por los hermanos Castaño (es decir, había masacres de por medio) que se acogió a sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir agravado. La condena fue de 78 meses, con rebaja posterior de la mitad. Los investigadores se preguntaron en el libro: “¿Es mejor ser capo confeso que usuaria inocente?”. 

“El uso social de la sustancia también genera daños —dice Alejandro Lanz, de Temblores ONG—. El estigma del uso de la droga en el espacio público siempre ha recaído sobre el marihuanero, porque su consumo es muchísimo más perceptible por parte de los agentes de la fuerza pública. Si alguien prende un porro, pues el porro olió, cosa que es muy distinta a comerse un trip o meterse un pase de cocaína”. 

El capitán Alex Morales, jefe de Prensa de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, nos dio unos datos que corroboran lo anterior: entre enero y septiembre de 2019, en el marco del decreto de dosis mínima, fueron incautados 210 kilos de estupefacientes en el país, por los cuales han sido interpuestos 250.216 comparendos. Al desagregar las cifras por tipo de sustancia, se hace evidente que los consumidores de cannabis son a quienes más se castiga: 92% de la droga incautada corresponde a marihuana. 

El veto a la marihuana viene de tiempo atrás. Habita en el derecho colombiano desde que, en los años 70, se incorporaron a nuestro sistema jurídico tres instrumentos: la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961, actualizada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988. 

Desde entonces, hay una fuerte regulación que se ha basado en sanciones penales para un amplio número de conductas relacionadas con drogas, que incluían casi siempre castigos de cárcel. Una tradición que fue interrumpida en 1994, por la sentencia C-221 de la Corte Constitucional, que despenalizó el consumo de la dosis personal. 

El profesor Rodrigo Uprimny, una de las caras visibles en el estudio de la política de drogas en Colombia, calificó dicho fallo judicial en una columna como una “oportunidad (perdida) de adoptar una política más humana, eficaz y democrática frente al problema del abuso de sustancias psicoactivas”. 

La sentencia, en resumen, quitó de en medio tres normas de la Ley 30 de 1986 que castigaban con cárcel el consumo de drogas. Carlos Gaviria Díaz, el ponente, basó parte de su argumentación en la autonomía inmanente a los seres humanos: “el considerar a la persona como autónoma consiste en que los asuntos que solo a la persona atañen solo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto”, dice una de las consideraciones del fallo. 

Esto, para el profesor Uprimny, araba un camino posible para desarrollar una política de salud pública que respetara a los consumidores. Pero la oportunidad, como escribió, fue borrada por gobiernos sucesivos que criticaron la sentencia e intentaron penalizar de nuevo el consumo, incluyendo la “victoria parcial” de Álvaro Uribe en 2009, “que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas, pero no autoriza la penalización de los consumidores, con lo cual quedamos en una ambigua situación jurídica”. 

Este artículo —que es justamente el que hoy quiere modificar la “alianza interparlamentaria”— le ha permitido a los opositores de la dosis personal desarrollar una serie de regulaciones con las que gradualmente le han construido un cerco jurídico a la sentencia, incluyendo el Código de Policía. El último de ellos fue el llamado “decreto de la dosis mínima” firmado por Duque el año pasado, por medio del cual los policías le incautaron a Felipe la marihuana que se estaba fumando en su casa de Ibagué. 

¿De qué ha servido este enfoque prohibicionista?

El informe del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, “Balance de una década de políticas de drogas”, presentado el 21 de octubre de 2018, dice, a grandes rasgos, que la guerra contra las drogas fue un fracaso en su intención de lograr “un mundo libre de drogas”. Un grupo de 174 organizaciones evaluaron 10 años de trabajo desde que las naciones del mundo firmaran la Declaración Política y Plan de Acción para contrarrestar el problema mundial de drogas. Su conclusión: no se redujeron ni la demanda, ni los cultivos, ni la fabricación, ni el tráfico ni el lavado de dinero. 

Pongamos un solo ejemplo, la demanda. El informe estima que el número total de personas entre 15 a 64 años que consumieron drogas al menos una vez en 2016 fue de 275 millones. Es decir, 31% más que el 2011. Y, al mismo tiempo, que una de cada cinco personas reclusas del mundo están ahí por delitos relacionados con drogas: 83% de ellos, por uso o posesión. 

La colombiana Isabel Pereira, coordinadora de la línea de política de drogas en el centro de estudios Dejusticia, participó en la redacción del informe. En una entrevista que dio para la época de publicación del documento, dijo a El Espectador que “la policía está desbocada en las calles requisando a cuanta persona considere sospechosa de estar portando marihuana, cuando en realidad portar ese producto no le representa ninguna amenaza a terceros”. 

Por su parte, Alejandro Lanz, de Temblores ONG, pone de manera cruda el escenario que, en la vida real, va en contravía de la línea que sentaron las sentencias: “La orden que dio el presidente con ese decreto (el 1844 de 2018) se tradujo en la necesidad de que la policía empezara a perfilar a ciertas ciudadanías como usuarias de drogas”. Lanz ha enviado derechos de petición al Centro de Traslado por Protección, preguntando cuáles son las poblaciones que llegan allá de manera sistemática, a lo que le han respondido, literalmente, que malabaristas, habitantes de calle, barristas, población LGBTI, trabajadoras sexuales y usuarios de droga. 

La marihuana se persigue.

 Un tema de salud

Las consecuencias negativas de la prohibición de la marihuana recreativa se amplían en su espectro si uno mira con detenimiento la otra cara de la moneda, que es la de los efectos sanitarios que tiene en usuarios frecuentes. Las preguntas más simples que pueden hacerse sobre el consumo de una sustancia (de un chicharrón, de una manzana) se tornan complejas cuando no hay una regulación razonable sobre ella. 

A pesar de que sobre la marihuana se ha generado la narrativa de que es inofensiva, por el hecho de provenir de una planta, lo cierto es que las mezclas entre especies, así como los métodos de cultivo, han dado como resultado una sustancia mucho más potente (tres veces más que en la década del 90, según la DEA), y cuyos efectos en la salud a largo plazo lucen elusivos para los estudios científicos creíbles y recientes que se han hecho al respecto.

Debe ser por esto último que algunas personas y colectivos de la sociedad civil se han abanderado en difundir información sobre cómo disminuir los riesgos asociados a la salud. En el portal de Échele Cabeza, un colectivo que busca educar acerca del consumo, se leen en la etiqueta de marihuana algunas recomendaciones para, por ejemplo, reducir los riesgos para el aparato respiratorio (fumar en pipas de vidrio), evitar accidentes de tránsito (al recomendar no fumarla antes de operar un vehículo), prevenir la ocurrencia de efectos no deseados (ansiedad, pérdida de concentración, taquicardia), así como entender los tipos de cepas de marihuana que existen y los efectos que estas producen.

Sin embargo, hay una serie de preguntas frente a las cuales los activistas del cannabis, los pedagogos del consumo recreativo y los científicos no se ponen de acuerdo: ¿hay abuso del cannabis? ¿Cuándo? Y si lo hay, ¿genera daños permanentes en la salud mental y física? 

Julián Quintero, sociólogo, director de Acción Técnica Social, una organización que hace análisis de sustancias para consumo recreativo y proyectos de reducción del daño, dice que no puede responder cuánto ni qué significa abusar de la marihuana sin tener una regulación de por medio. Dice Quintero: “Quien le debería definir eso a usted tiene que ser un grupo de personas: un psicólogo o un psiquiatra, un médico general, un nutricionista y, lo más importante, alguien que le provea a usted una marihuana estandarizada”. 

Quintero usa varias veces la palabra “estándar”, la clave de su discurso. Un día como hoy, dice, el proveedor le vende al usuario “cripa”. Mañana, no hay, entonces le da “regular”. Pasado mañana se le acabaron las dos y le entrega una llamada “cafuche”, de pronto untada con caca de paloma, la cual puede generar en el usuario un cuadro de neumonía. Tres opciones distintas para una misma persona. De ahí la preeminencia del estándar: “si hay estándar, le puedo decir cuándo hay abuso. Si no, no”. 

Para esta investigación conversamos con un campesino cultivador de marihuana en Corinto, Cauca. Nos contó que los campesinos aplican a los cultivos de cannabis fungicidas como Antracol y Dithane; fertilizantes como Crecer 500, e insecticidas como Acaramik.

Frente a la posibilidad de legalizar la marihuana para usos recreativos, 69% está en contra.

Al preguntarle al médico y toxicólogo Jairo Téllez por una opinión aproximada sobre los efectos que estos químicos producen en el cuerpo, dice que es imposible darla: no hay manera de saber sin estudiar una muestra. “Depende del tratamiento que le den a las hojas. Es lo mismo que pasa con cualquier otra planta: no pueden quedarle residuos. Pero depende de las sustancias, porque todas actúan distinto”.

Aunque poco se discute, cada vez es más evidente que es muy difícil estudiar la marihuana de uso recreativo mientras sea ilegal. Un problema que tiene la ciencia en todo el mundo, y que dificulta considerablemente generar evidencia que permita políticas públicas de prevención y reducción de daño en el consumo. Así como conocimiento alrededor de su consumo. Entre otras, entender el universo de usuarios, en el cual se incluyen muchos consumidores adultos no problemáticos de la sustancia y que no reportan que les afecte su salud. 

En materia de marihuana, la ciencia conoce muy poco. Se sabe que no hay casos reportados de sobredosis. O que hay evidencia sustancial de su relación con accidentes de tránsito entre quienes la consumen antes de manejar un automóvil. O, del mismo modo, que entraña un riesgo alto de generar, sobre todo entre los usuarios menores de 21 o de consumo agudo, enfermedades mentales como la esquizofrenia u otras psicosis, como han señalado respetadas publicaciones científicas como Archives of General Psychiatry, Schizophrenia Bulletin y The Lancet. 

Sin embargo, más allá de estos hallazgos, la ciencia aún vive en el oscurantismo en materia cannábica. Basta con dar una mirada a la academia en Estados Unidos para corroborarlo. En 2017, las “Academias de Ciencia, Ingeniería y Medicina”, de Estados Unidos, presentaron el que quizás es el estado del arte más avanzado en la materia: más de una docena de científicos sopesaron unos 10.500 estudios relativamente confiables que hasta entonces habían hecho laboratorios y universidades. El consenso general es que de la marihuana hay más conocimiento relativo que certero. Y es, de nuevo, por la falta de regulación. Por eso los autores insisten en que el cannabis sea retirado de la Lista I de la DEA, ya que esto “impide el avance de la investigación”. 

Entender la marihuana

Todo lo anterior, es decir, la necesidad de que una droga como la marihuana, la más consumida del mundo, sea regulada para entenderla más en el marco de la no persecución a los consumidores, encuentra un obstáculo difícil de sortear en este país: que la gente no quiere que eso suceda. 

La empresa Ipsos, dedicada a hacer investigaciones a partir de encuestas, publicó este año los resultados de una que indaga sobre vicios, la Global Views on Vices, en la cual arrojó resultados acerca de, entre otros, las visiones que los colombianos tienen sobre el uso recreativo de la marihuana. Por ejemplo, ante la pregunta de quiénes podrían estar facultados para comprar y consumir marihuana, un 38% de las personas dice que nadie. Frente a la posibilidad de legalizar la marihuana para usos recreativos, 69% está en contra.

¿Qué futuro puede tener en Colombia el hecho de que exista hoy un proyecto de acto legislativo que pretenda romper esta narrativa? 

Isabel Pereira, de Dejusticia, dice que el proyecto “es aspiracional y pretende regular lo que tiene que regular. Sería injusto que no lo hiciéramos, con todo el potencial productivo y agrícola que hay acá. Pero en este Congreso y en este país es muy difícil que pase algo así”. David Ponce, líder cannábico reconocido dentro de la comunidad, dice que el pesimismo alrededor del proyecto “está basado en el momento político que está atravesando el país, donde el Gobierno libra una lucha directa al tema de las drogas”.

Al interior de esa institución, al menos en el arranque, se respira un ambiente medianamente favorable. El ponente del proyecto es Temístocles Ortega, de Cambio Radical, quien hace parte de la alianza que presentó la reforma constitucional. Dentro de la Comisión Primera, donde está radicado, hay senadores como Roy Barreras, Armando Benedetti o Gustavo Petro, que en principio no tendrían que estar en contra de la reforma. Esta semana, de acuerdo a lo que pudimos averiguar, podría iniciarse el debate en la Comisión Primera, con un tiempo estrecho para que llegue a los cuatro que debe surtir antes del 16 de diciembre. Y habrá que esperar, también, a los argumentos presentes en el debate y al desenvolvimiento de las posturas que tenga en las elecciones regionales el tema. 

De todas formas, viendo el vaso medio lleno, Pereira afirma que esta es una oportunidad “para educar a ciertos congresistas que no necesariamente eran conservadores en el tema, sino que repetían prejuicios por ignorancia. Nada más arrancar esta conversación y que estén escuchando argumentos de una cosa que pensaban que era el demonio es una ganancia”. Ponce, desde su orilla, dice: “tenemos la expectativa de que se empiece a abordar este tema desde el legislativo y se ponga en la agenda no solo pública sino política del país”. 

El reto, social, científico, médico, ideológico, incluso, es lograr lo que no se ha podido después de 40 años de guerra contra las drogas y persecución a los usuarios: entender la marihuana. Esa sustancia que encabeza todas las listas.

NATIONAL GEOGRAPHIC

“La Catrina Mexicana“es uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana. El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo mexicano con respecto a las clases más privilegiadas.

En este artículo te contamos un poco de su historia:

El Día de Muertos es una de las fiestas más antiguas de México. El 1 y 2 de noviembre se celebra con altares. La gente acude a los cementerios para visitar a los difuntos.

Muchas mujeres en estas fechas se disfrazan de Catrinas.

Esta figura femenina tiene más de 100 años de historia. Este personaje, en sus inicios, surgió como una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres.

“La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera”- José Guadalupe Posada

La historia de “La Catrina” empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.

“La Catrina“, creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, originalmente se llamaba “La Calavera Garbancera”. Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Este grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos.

Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este caricaturista y le dio fama a nivel mundial. La influencia de la obra de Posada le llegó posteriormente a Diego Rivera.

“Catrín” quiere decir un hombre de clase acomodada, con mucho dinero y ropas finas.Foto: Museo Mural Diego Rivera

Este importante muralista acopla el término de “La Catrina” en 1947 en su obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central“. Aquí aparece el artista José Guadalupe Posada del lado derecho. A la izquierda se puede contemplar una versión infantil de Diego Rivera. Por detrás, no podía faltar, la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo.

El mural se encuentra actualmente en el Museo Mural Diego Rivera, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si deseas puedes ir a visitarlo y contemplar a este icónico personaje en su máximo esplendor.

Hoy en día, “La Catrina“, adornada con hermosos sombreros y flores, es una fuente de inspiración en muchas fiestas de disfraces, tanto dentro como fuera de México.